Un Ayuntamiento paralizó las obras de construcción de un hotel en un polígono industrial por estimar que la empresa promotora carecía de la autorización expresa de la Demarcación de Carreteras de Estado para la construcción del hotel en los límites de la línea de edificación prevista en la legislación sectorial de carreteras.
En primer término, se interpuso un recurso contencioso-administrativo dirigido a anular y dejar sin efecto la orden de paralización de las obras. La tesis esencial del recurso, soportada en una única Sentencia del Tribunal Supremo, de 15 de noviembre de 2001, estribaba en la naturaleza jurídica del suelo sobre el que se edificaba el hotel: suelo urbano consolidado en el que debían observarse las distancias fijadas por el planeamiento urbanístico municipal y no las previstas en la legislación estatal de carreteras. Con posterioridad, formuló asimismo una reclamación de responsabilidad patrimonial contra el Ayuntamiento que fue parcialmente acogida por los tribunales del orden contencioso-administrativo.
El promotor pudo concluir las obras de construcción del hotel, actualmente en funcionamiento, y percibió asimismo del Ayuntamiento una indemnización por los daños y perjuicios irrogados por su ilegal paralización.
