Conocida compañía del sector textil con numerosos centros de trabajo en todo el territorio nacional y que se encontraba en una dificilísima situación económica, casi irreversible, cuya viabilidad exigía la amortización de un importante número de contratos de trabajo (442), existiendo en el seno de la empresa una altísima e histórica conflictividad laboral, siendo además mayoritario en el comité de empresa un sindicato local fuertemente implantado, agresivo en la negociación y muy influyente, tanto socialmente como internamente con los trabajadores, que se oponía a cualquier medida de reestructuración. Planteado el expediente de regulación de empleo, el Comité de Empresa ejerció desde el inicio una oposición frontal a la medida extintiva por lo que, a pesar de los ofrecimientos realizados por la empleadora, la negociación se bloqueó tras tres meses de período de consultas.
A efectos de conseguir la preceptiva autorización administrativa para la extinción colectiva de contratos que exigía la anterior regulación laboral y ante la imposibilidad de llegar a acuerdo alguno con el Comité de Empresa, se mantuvieron múltiples reuniones y contactos con la autoridad laboral competente y con los sindicatos minoritarios, organizándose en colaboración con el departamento de comunicación de la empresa, campañas informativas con los trabajadores para explicarles de primera mano las medidas y la situación de la empresa, convocándose finalmente una Asamblea de Trabajadores, de compleja organización, dado el gran número de centros de trabajo, y con presencia notarial, en la que la mayoría de los trabajadores se mostraron de acuerdo con la última propuesta extintiva que había realizado la empresa en el período de consultas.
De este modo, aunque a la autoridad laboral se le comunicó el fin del período de consultas sin acuerdo, la aportación del acta notarial que fue levantado con el resultado de la votación de la Asamblea permitió que el expediente de regulación de empleo fuera finalmente aprobado por la autoridad laboral, aún con el voto en contra del sindicato mayoritario en el Comité de Empresa.
Gracias a nuestro asesoramiento, la compañía pudo desbloquear la situación que había creado la ruptura de la negociación con el Comité de Empresa y así amortizar un importante número de contratos de trabajo con los que se garantizó la continuidad empresarial y, aunque el expediente de regulación de empleo fue impugnado ante la jurisdicción contencioso-administrativa, la medida empresarial fue declarada justificada y conforme a derecho por Sentencia del correspondiente Tribunal Superior de Justicia.
