Una de las sociedades integradas en un importante grupo empresarial compuesto por más de veinte sociedades mercantiles, precisa amortizar todos sus puestos de trabajo con motivo de las dificultades económicas en que se encontraba inmersa y la subsiguiente solicitud de concurso de acreedores y liquidación.
Se plantearon las extinciones asumiendo que existía un grupo de empresas a efectos laborales solamente entre algunas de las sociedades que integraban el grupo de empresas mercantil, evitando la inclusión en el grupo de otras entidades con un alto grado de vinculación pero que tenían una situación patrimonial mejor. En consecuencia, se discriminó entre las empresas que podían ser consideradas grupo laboral y las que no, asumiéndose los riesgos derivados de la compleja delimitación del ámbito del grupo patológico. Los despidos se basaron en la situación económica de las entidades integrantes del grupo laboral ya que el resultado del grupo mercantil, considerado en su conjunto, no hubiera justificado las extinciones. Tras haberse formulado la correspondiente demanda de despido, se ejerció una defensa letrada diferente para cada uno de los subgrupos empresariales que habían sido diferenciados dentro del propio grupo mercantil.
Tanto la resolución de instancia como la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia determinaron la conformidad a Derecho de la conducta empresarial. En consecuencia, se desestimó la pretensión de extender la declaración de grupo laboral a todas las empresas que componían el grupo mercantil, a pesar de la dificultad que ello entrañaba, declarándose la procedencia del despido objetivo.
